Desde 1925
Experiencia y profundo conocimiento de la ley y el mundo empresarial.
En Díaz-Saavedra & Yánez Abogados con más de 95 años de experiencia, ofrecemos servicios especializados en Derecho Concursal.
Si tu empresa atraviesa dificultades económicas y estás considerando la posibilidad de un concurso de acreedores, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Te guiaremos a través de cada etapa del proceso, desde la solicitud hasta la resolución, asegurando el cumplimiento de todas las normativas aplicables.
Nuestro enfoque se basa en la experiencia y el conocimiento profundo del ámbito empresarial y legal, lo que nos permite ofrecer soluciones efectivas y personalizadas. Trabajamos en la tramitación de suspensiones de pagos, declaraciones de quiebra y la gestión de concursos de acreedores para todo tipo de negocios.
Con Díaz-Saavedra & Yánez Abogados, contarás con asesoramiento constante en cada decisión y durante todo el proceso legal, garantizando la mejor representación y mediación concursal para proteger tus intereses.
El concurso de acreedores es una herramienta legal diseñada para abordar problemas de liquidez de individuos o empresas. Esta figura legal permite que tanto personas como empresas presenten y negocien un plan con sus acreedores para gestionar sus deudas.
Establecido por la Ley Concursal 22/2003, el objetivo principal del concurso de acreedores es asegurar la operación continua de la empresa y la recuperación de créditos por parte de los acreedores. Si la empresa no puede continuar operando, el concurso también facilita la liquidación de activos del deudor para saldar las deudas.
Por lo tanto, el concurso de acreedores ofrece un recurso para individuos y empresas que anticipan problemas para cumplir con sus compromisos financieros, actuando como un mecanismo de segunda oportunidad y protección social.
Mediante este proceso, se asegura que todos los acreedores reciban pago siguiendo el orden establecido de prelación de créditos, garantizando condiciones de igualdad y evitando que unos acreedores se vean perjudicados por otros.
Además, si se alcanza un acuerdo, el concurso puede garantizar la continuidad de la empresa y el mantenimiento de sus actividades económicas, lo que ayuda a preservar los empleos.
El proceso de concurso de acreedores se organiza en cuatro fases principales, aunque algunas de estas fases pueden evitarse si se alcanza un acuerdo de refinanciación antes de iniciar el proceso, conocido como preconcurso.
Antes de iniciar formalmente el concurso, se deben llevar a cabo ciertos actos preliminares. En esta etapa preliminar, se presenta la solicitud de concurso acompañada de la documentación necesaria que demuestra la insolvencia. Durante este período, se pueden solicitar medidas cautelares y esperar la decisión del juez sobre si procede o no admitir a trámite la solicitud.
Tras aceptar la solicitud, inicia la fase común del concurso, donde se asignan obligaciones al deudor y los acreedores. El deudor colabora con restricciones patrimoniales, y los acreedores no pueden reclamar deudas externamente. La administración concursal gestiona los activos y elabora un informe financiero en dos meses.
Después de la fase común, la fase de resolución se inicia con una resolución judicial. Aquí se determina si se llegará a un convenio entre deudor y acreedores o si se procederá a la liquidación del patrimonio del deudor. El convenio implica un plan de pago que debe ser aceptado por la mayoría de los acreedores y, si no se alcanza un acuerdo, se inicia el plan de liquidación para pagar a los acreedores.
El concurso concluye cuando se cumplen los términos del convenio o se completa la liquidación del patrimonio. Se presenta un informe final al juzgado, y si el juez está de acuerdo, se emite un auto finalizando oficialmente el concurso. Esto libera a la empresa de sus deudas pendientes y se notifica mediante publicaciones en diversos registros y boletines oficiales.
Cualquier empresa o persona que enfrenta una situación de insolvencia y decide acogerse al concurso de acreedores para gestionar esta crisis, necesita contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho concursal. Este profesional es esencial para navegar a través de las diferentes y complejas fases del proceso concursal. Su asesoramiento resulta particularmente crítico al buscar alcanzar un acuerdo de convenio. Este convenio es vital para permitir al deudor cumplir con sus obligaciones financieras hacia los acreedores sin necesidad de proceder a la liquidación de sus activos. Un abogado experto en la materia puede proporcionar la guía necesaria para lograr un resultado que beneficie tanto al deudor como a sus acreedores, evitando resultados más drásticos como la liquidación total del patrimonio.
Con más de 95 años de experiencia, en Díaz-Saavedra & Yánez Abogados hemos acumulado un amplio conocimiento y una sólida trayectoria en el ámbito legal, brindando soluciones efectivas a nuestros clientes desde 1925.
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El concurso de acreedores debe solicitarse en cuanto una empresa se encuentre en una situación de insolvencia, ya sea actual o inminente. Esto ocurre cuando el empresario es consciente de que no podrá cumplir con sus obligaciones financieras, tales como salarios, seguros sociales, impuestos, y otros pagos a plazo. De no solicitar el concurso en estas circunstancias, el empresario podría enfrentar una declaración de culpabilidad del concurso, con posibles consecuencias de responsabilidad civil y penal.
La insolvencia se reconoce cuando la empresa no puede pagar sus deudas de manera completa, cuando no puede cumplir con sus obligaciones de manera puntual, o cuando intenta gestionar sus pagos mediante un endeudamiento sistemático, lo que puede agravar la situación financiera.
Una vez identificada la insolvencia, el empresario dispone de un plazo de dos meses para solicitar el concurso de acreedores de forma voluntaria. Alternativamente, puede utilizar este tiempo para iniciar negociaciones de refinanciación de la deuda y posiblemente extender este plazo.
El concurso de acreedores se puede iniciar de dos formas: voluntariamente por el propio deudor o forzosamente por un acreedor o socio de la empresa. En ambos tipos de concurso, es fundamental demostrar la insolvencia de la compañía.
Para declarar el concurso, se debe presentar la siguiente documentación esencial:
Esta documentación no solo sirve para evaluar si es procedente o no declarar el concurso de acreedores, sino también para determinar el activo y el pasivo del deudor, elementos clave en el proceso concursal.
La duración de un concurso de acreedores puede variar considerablemente dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. Algunos concursos pueden resolverse en apenas unos meses, mientras que otros pueden extenderse más allá de un año. Esto se debe a que cada procedimiento es único y está influenciado por diversos factores que afectan su complejidad y el tiempo necesario para resolverlo.
En un concurso de acreedores, el orden de cobro está claramente establecido para asegurar un proceso justo y organizado. Los primeros en cobrar son los poseedores de créditos contra la masa, que incluyen las deudas generadas después de la declaración del concurso. Entre estos se encuentran los honorarios de los administradores concursales, las últimas nóminas de los empleados y las indemnizaciones por despidos.
Después de estos, se atienden los créditos privilegiados, que generalmente abarcan hipotecas, así como salarios e indemnizaciones que estaban pendientes antes de la declaración del concurso.
Finalmente, los proveedores, que generalmente poseen créditos ordinarios o subordinados, son los últimos en recibir pago. Las multas, sanciones y deudas con los socios suelen ser aún más difíciles de resarcir y en muchos casos, no llegan a pagarse.
Un abogado concursal es un especialista en Derecho Concursal, capacitado para manejar procedimientos de concurso de acreedores, reestructuraciones empresariales y reclamaciones de deudas.
El rol del abogado concursal incluye asistir a las empresas durante la fase pre-concursal, buscando evitar gastos innecesarios y resolviendo deudas de manera extrajudicial que beneficie los intereses del cliente. En situaciones donde el concurso es inevitable, el abogado trabaja para que se realice bajo las condiciones más favorables y enfocándose en la recuperación del negocio.
No es necesario que una empresa concursada cese su actividad. De hecho, el objetivo principal del concurso de acreedores es permitir que la empresa continúe operando. El proceso está diseñado para reestructurar las deudas y permitir que la empresa se recupere financieramente mientras sigue en funcionamiento. Sin embargo, si resulta imposible continuar con la actividad empresarial debido a la gravedad de la situación financiera, la empresa puede optar por solicitar la liquidación dentro del mismo proceso de concurso de acreedores. Esto se haría para cerrar la empresa de manera ordenada y pagar a los acreedores en la medida de lo posible.
Si su empresa está enfrentando dificultades para pagar sus deudas, es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado para presentar un concurso de acreedores. El proceso legal asociado con el concurso de acreedores es complejo y requiere un conocimiento profundo del derecho de quiebras y de las estrategias de reestructuración financiera.
Un abogado no solo le guiará a través del intricado proceso legal, sino que también puede evaluar las diversas opciones que tiene su empresa. Además, le ayudará a determinar si el concurso de acreedores es la opción más adecuada para su situación específica, considerando otros posibles caminos y estrategias para la recuperación financiera.
La principal diferencia entre un concurso voluntario y uno necesario radica en quién inicia el proceso. En un concurso voluntario, es el propio deudor quien solicita el concurso de acreedores. Esto generalmente ocurre cuando el deudor reconoce su incapacidad para pagar sus deudas y decide tomar acción proactiva para gestionar la situación legalmente.
Por otro lado, en un concurso necesario, la solicitud la realiza uno o más de los acreedores de la empresa. Este tipo de concurso se da cuando los acreedores perciben que el deudor no puede cumplir con sus obligaciones financieras y, buscando proteger sus intereses, optan por iniciar ellos mismos el procedimiento concursal.
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Laura Almánzar